La Vanguardia, 10 mayo 2004
Zapatero aplaza la concertación social hasta pasadas las elecciones europeas

MARIANO GUINDAL - 10/05/2004
Madrid
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido aplazar el inicio de la concertación social hasta después de las elecciones europeas del 13 de junio. Lo mismo ha ocurrido con el decreto ley de medidas urgentes que prepara el Ministerio de Economía bajo la dirección del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Por tanto, las reformas estructurales, entre las que se encuentra un cambio de la legislación laboral para fomentar el empleo estable, de momento quedarán aplazadas. Asimismo, queda aparcada la entrevista prevista por Zapatero con los secretarios generales de CC.OO., José María Fidalgo, y de UGT, Cándido Méndez, y el presidente de la CEOE, José María Cuevas, con la que pretendía iniciar formalmente el diálogo social. La estrategia diseñada por el nuevo Gobierno es que una vez que se celebren las elecciones europeas, el Consejo de Ministros apruebe el decreto ley de medidas económicas, el presidente del Gobierno convoque a los agentes sociales y se inicien los trabajos para la elaboración de los presupuestos generales del 2005. Esto significa que las reformas previstas por el Gobierno socialista se retrasan para evitar que se contaminen con la crispación que ha experimentado el debate político con la apertura de una comisión de investigación sobre los sucesos del 11-M y los días sucesivos. Esta demora ha provocado una fuerte preocupación en el mundo empresarial, que considera que paralizará decisiones importantes y se traducirá en la pérdida del primer semestre a efectos prácticos. La decisión del PP de solicitar una comisión de investigación sobre el atentado del 11-M y los acontecimientos de los días anteriores a las elecciones del 14-M ha provocado que el Gobierno dé prioridad al debate político sobre el económico. El Gobierno cree que esta decisión va dirigida a deslegitimar el triunfo electoral socialista, por lo que considera prioritario volver a ganar las elecciones europeas, que se valorarán así como una segunda vuelta de las generales. Esto ha llevado al Ejecutivo a posponer cualquier decisión económica impopular o polémica que desvíe la atención y perjudique las posibilidades socialistas. Esta estrategia a quien más afecta es a los planes del vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien pretendía preparar en el menor tiempo posible un decreto ley de medidas urgentes para dar confianza a los mercados. Solbes ha decidido administrar los presupuestos generales del Estado para el 2004 que fueron aprovados por el PP y rechazados por el PSOE y sus aliados parlamentarios. Para evitar aprobar unos nuevos presupuestos, se decidió aprobar un decreto de medidas urgentes que recogerían una serie de créditos extraordinarios para cumplir los objetivos económicos y sociales defendidos por el PSOE. En principio, estas medidas representan un incremento del gasto público que alteraría el objetivo de acabar el ejercicio con equilibrio presupuestario como se establece en los presupuestos vigentes. Esto podría vulnerar la ley de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, los expertos consideran que no sería necesario alterar esta ley, ya que hay un apartado que permite una desviación del gasto por razones excepcionales. No obstante, fuentes próximas al Gobierno estiman que un incremento del déficit podría ser castigado por los mercados, que podrían interpretarlo como el final de la política de rigor presupuestario. Por esta razón, tanto Solbes como Fernández Ordóñez quieren implementar una serie de medidas compensatorias que confirmen que el nuevo Ejecutivo mantendrá la ortodoxia económica en el control del gasto. Así, hay que recordar que el anterior vicepresidente Rato, a las semanas de ganar las elecciones, aprobó un decreto de medidas urgentes con estrategias de liberalización que marcaron toda la legislatura.