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El País 19 mayo 2004
El salario mínimo subirá un 6,6% en julio

El salario mínimo interprofesional subirá un 6,6% a partir del 1 de julio, y pasará de los 460,5 euros actuales al mes a 490 euros. Con ello recupera el poder adquisitivo perdido durante las dos últimas legislaturas, "por razones de justicia social y eficacia económica", según el ministro de Trabajo. El Gobierno mantiene su compromiso de que al final de la legislatura alcance los 600 euros. Junto a esa subida, el salario mínimo deja de ser una referencia para otras rentas y se desvincula de todas las actuales, salvo las prestaciones de desempleo. Las ayudas para vivienda de protección oficial, becas y otros conceptos similares se compararán con un indicador de renta, cuya cuantía se revisará en los Presupuestos Generales del Estado, y que parte de la cantidad de 460 euros en que ahora se cifra el salario mínimo. Oficialmente sólo 150.000 sueldos cotizan a la Seguridad Social como salario mínimo. Sin embargo, si se suman las prestaciones no contributivas (el 75% del salario mínimo), que cobra casi medio millón de personas, y los entre 300.000 y 400.000 de trabajadores que cobran ese salario como base más alguna retribución adicional, el número de personas ligadas a este concepto puede superar el millón. Pese al aumento anunciado, el salario mínimo español es el segundo más bajo de la Unión Europea de 15 países. Sólo Portugal, con 416 euros al mes, permanece por detrás de España, según datos de Eurostat elaborados por UGT. Incluso Grecia, uno de los países con indicadores sociales algo inferiores a los españoles, lo supera, con 605 euros al mes. A la cabeza se sitúa Luxemburgo, con un salario mínimo de 1.369 euros mensuales. En Estados Unidos, asciende a 877 euros. Más allá del salario, numerosas prestaciones se fijan en función de él. CC OO y UGT han contabilizado más de 30 leyes con referencias al salario mínimo para regular todo tipo de materias: ayudas a enfermos de sida, arrendamientos urbanos, ayudas a las víctimas de la violencia sexual, prestaciones por parto múltiple... El Estatuto de los Trabajadores establece que el salario mínimo es inembargable.

La Vanguardia 19 mayo 2004
Editorial
El salario mínimo

El Gobierno fijará un aumento del 6,6 por ciento para el salario mínimo interprofesional (SMI), según anunció ayer en el Congreso el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Las pensiones mínimas también experimentarán una subida notable. Las medidas han sido recibidas con agrado en medios sindicales, pero sus consecuencias sobre el empleo no están aún claras. El aumento del SMI, anunciado ayer por Caldera, es bastante mayor del que pretendía aplicar el anterior Gobierno del PP, que presumiblemente se hubiera limitado a un incremento igual, o incluso inferior, a la inflación oficial. Y a pesar de ello el salario mínimo español continuará siendo uno de los más bajos de la Unión Europea, con cifras muy lejanas aún de lo recomendado en la Carta Social Europea. En países como Francia, Bélgica u Holanda el salario mínimo está cercano o por encima de los 1.200 euros mensuales doblando holgadamente el existente en España. Por otra parte, los incrementos aplicados en los últimos cinco años han supuesto una pérdida de 6 puntos en el poder adquisitivo de los perceptores del SMI. Atendida la magnitud de esta brecha, el aumento anunciado es un paso voluntarioso, aunque todavía muy lejano de lo deseable. Con esta medida queda demostrada, desde luego, la voluntad del Gobierno socialista de abordar un problema endémico en nuestro mercado laboral. Si se tiene en cuenta que más de un millón y medio de trabajadores, la mayoría inmigrantes, perciben salarios mensuales inferiores a 600 euros, queda bien claro que la decisión es de amplio alcance social. Pero los verdaderos desafíos del mercado laboral español se sitúan en el aumento de la productividad y en la calidad y estabilidad del empleo. La efectividad de las políticas impulsadas por el nuevo Gobierno tiene que medirse por su capacidad para alcanzar esos objetivos. Subir sólo el SMI podría incluso provocar una retracción de la oferta de trabajo y los jóvenes que buscan un primer empleo serían los más afectados. De ahí la necesidad de que las buenas intenciones ahora mostradas vengan acompañadas de medidas más profundas.