La Vanguardia, 16-11-2004

Economía recomienda que la revisión salarial se haga con el IPC subyacente

MARIANO GUINDAL - 16/11/2004
MADRID

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, está seriamente preocupado ante la posibilidad de que el aumento de la cotización del petróleo se traslade a precios y salarios, lo que dañaría la competitividad de la economía y supondría un importante freno en la creación de empleo. Ante esta situación, ha sugerido a los agentes sociales que las cláusulas de revisión del 2005 se referencien con la inflación subyacente en lugar de la global, como ha recomendado el Fondo Monetario Internacional. Economía entiende que tienen que ser los agentes sociales quienes definan la política de rentas.

Este debate surge a pocas semanas de que patronal y sindicatos decidan la prórroga del Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva 2005. Este pacto, que es el fundamento de la concertación social, se basa en un compromiso de moderación salarial con incrementos salariales entre el 2% y el 3%, pero con la condición de que se generalice la cláusula de revisión en todos los convenios.

Romper la indiciación de los salarios fue el caballo de batalla del anterior equipo económico que encabezaba Rodrigo Rato, quien insistió hasta la saciedad en que la subida salarial debería hacerse de acuerdo con el aumento de la productividad y no de los precios. Sin embargo, la reforma quedó pendiente porque la condición básica exigida por los sindicatos para garantizar la "paz social" era el mantenimiento de estas cláusulas de revisión.

Resulta paradójico que el FMI, que ahora dirige Rodrigo Rato, en sus recomendaciones acepte que se introduzcan las cláusulas de revisión como piden los sindicatos, reconociendo su valor para la concertación social y el control de los salarios. Sin embargo, recomienda que estas cláusulas tomen como referencia la inf lación subyacente, que es la que mejor refleja la competitividad de la economía (ya que no se ve influida por la subida del precio del crudo ni de los alimentos frescos, que son los más volátiles de la cesta de precios y están al margen de la voluntad de los gobiernos). Hay que tener en cuenta que la inflación subyacente se sitúa en el 2,9%, mientras que el IPC está en el 3,6%, muy influido por la subida del crudo.

Los sindicatos observan en principio con recelo este cambio, aunque en privado empiezan a reconocer que una subida excesiva de los salarios incidiría negativamente en la creación de empleo. Por su parte, la patronal CEOE cree que sería muy positivo implantar la mencionada fórmula para no dañar la economía española y la creación de empleo.

En el 2004 las cláusulas de revisión se activarán a partir de una subida de precios superior al 2,9% en diciembre. Por tanto, y de mantener la tendencia inf lacionista actual, más de 9 millones de trabajadores tendrían derecho a que se aplique su revisión salarial desde el 1 de enero del 2004. Las primeras estimaciones indican que el coste para las empresas se aproximaría a los 3.000 millones de euros.

Lo mismo se puede decir con los funcionarios, que negociaron su salario a partir de un incremento del IPC del 2% y no quieren ver reducido su poder de compra. Se trata de más de dos millones de empleados públicos y podría traducirse en otra presión sobre el gasto corriente