EL PAÍS - 28-11-2005

En las sociedades democráticas occidentales la enseñanza de titularidad pública es el eje vertebrador del sistema educativo. En España, según datos del Ministerio de Educación, el 67% de los alumnos de educación no universitaria estudia en centros públicos.

En las grandes ciudades, el número de alumnos escolarizados en la privada-concertada y en el pública es similar. En países de nuestro entorno, el sector educativo público es abrumadoramente mayoritario, pues en el conjunto de los países de la OCDE alcanza el 90%.

Pero lo preocupante no es este porcentaje, sino que se esté produciendo, en los últimos años, un trasvase de alumnado a la escuela concertada, porque muchos padres temen que esté descendiendo la calidad de la enseñanza; lo preocupante es que la escuela pública acabe convirtiéndose en un gueto, que sólo escolarice a inmigrantes y a alumnado nativo con bajo nivel socioeconómico o con necesidades educativas especiales, mientras que la concertada escolariza a las clases sociales más acomodadas, que se han ido configurando en las últimas décadas al amparo del desarrollo económico.

Lo cierto es que, según el Informe PISA, los resultados académicos son similares entre los alumnos de los centros públicos y concertados.

Entonces, ¿por qué las clases medias tienden a escolarizar a sus hijos en la escuela concertada?

Por un lado, debemos culpar de esta situación a la histórica falta de presupuesto destinado a la educación en nuestro país, agudizado durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular, cuyo objetivo ha sido el desgaste de la escuela pública, para así acometer una reforma privatizadora; por otro lado, y más importante, hay que responsabilizar al conjunto de administraciones que no ha sabido o no ha querido transmitir a la sociedad un modelo claro de escuela pública.

Mientras que la escuela privada-concertada defiende su proyecto educativo, fundamentado en el individualismo y en el éxito escolar... ¿quién defiende el modelo de la escuela pública? Esta responsabilidad recae fundamentalmente en el Ministerio de Educación y las consejerías de Educación de las comunidades autónomas.

El modelo de escuela pública se sustenta sobre valores como la democracia, la integración, la interculturalidad, la participación y la solidaridad. Éstas no son sólo palabras bonitas para quienes consideramos prioritaria la cohesión social, el progreso y el desarrollo científico y humanístico de nuestro país.

La escuela pública, a diferencia de la privada, es la escuela de todos y para todos, con independencia de la clase, el género, la nacionalidad, la etnia o la capacidad económica, y es gestionada democráticamente. Quienes escolarizamos a nuestros hijos e hijas en la escuela pública estamos orgullosos de los valores que sustentan este modelo.

Pero la escuela pública necesita poderes públicos que crean e inviertan en ella. Así de sencillo. Es fundamental que las administraciones educativas, de manera decidida, se comprometan con la escuela pública, inyecten los fondos suficientes en la misma y le presten la máxima atención.

En este sentido, la Ley Orgánica de Educación (LOE) nos parece insuficiente, porque legalmente sitúa al mismo nivel a la escuela pública y a la privada-concertada, y no deja claro que esta última red sea subsidiaria.

No obstante, nos daríamos por satisfechos con lograr que, si esta ley se aprueba, se cumpla todo lo que establece en cuando a la admisión de alumnos, para que todos los centros sostenidos con fondos públicos (es decir, también los privados-concertados) escolaricen a todo tipo de alumnado, sin distinción, admitiendo a alumnado inmigrante y con necesidades educativas especiales. Si se quiere uno acoger a la financiación pública, es justo que se someta a las condiciones del interés público.

Quienes manifiestan defender la libertad de elección de centro, es decir, organizaciones educativas con escasa representatividad y dirigidas por la jerarquía de la Iglesia católica, no nos engañemos, en el fondo lo que pretenden es que el Estado no ejerza el control sobre los centros concertados a los que financia, para poder mantener así algunos de los privilegios de los que vienen disfrutando, tales como el cobro de cuotas a las familias, que permite una selección encubierta del alumnado.

Por otro lado, CEAPA va a seguir demandando que la religión quede fuera del horario lectivo, porque consideramos que forma parte del ámbito privado de las familias, y así se respetaría a quienes desean que sus hijos reciban esta asignatura, sin que este derecho implique la obligación de cursar una alternativa a los demás alumnos.

Tenemos la esperanza de que esta ley restituya una serie de agravios que ha sufrido la escuela pública en los últimos años, en la medida que introduce medidas como los grupos de refuerzo, para que al término de la jornada escolar los alumnos con más dificultades se queden en la escuela y reciban clases de apoyo en las materias que lleven más retrasadas, o los desdobles en asignaturas instrumentales como lengua o matemáticas. Estas medidas, si se les dedican los recursos suficientes, servirán para luchar contra el fracaso escolar.

En conclusión, si las administraciones educativas desarrollan algunas medidas que contiene la LOE, financian la escuela pública con recursos suficientes y apoyan de manera clara el modelo y los valores de la escuela pública, podemos ser optimistas y tener esperanza en el futuro.

Lola Abelló Planas es presidenta de la confederación laica de asociaciones de padres CEAPA

[Modificado el 5-12-2005 de Sin]

Van a la concertada por ignorancia. Cualquier persona pensante y progresista sabe el valor que tiene la enseñanza pública. Pero aquí la gente prefiere hacerse la loca, y en lugar de defender la pública, pedir que le pongan instalaciones adecuadas, que pongan medios, prefieren correr a otro lado, peor, sin duda, pero ficticiamente más tranquilo...

En fin, en la pública hay profes de diferentes estilos, lo que dice mucho de un concepto un tanto despreciado: la libertad de cátedra, defendida en nuestra Constitución.