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TRIBUNA: LA EDUCACIÓN MADRILEÑA, A DEBATE FRANCISCO JAVIER LÓPEZ Y JOSÉ
RICARDO MARTÍNEZ
Sobran los motivos para movilizarse el 10-M
Los autores denuncian el deterioro que sufre la enseñanza pública en la
Comunidad de Madrid, especialmente en los centros concertados, e instan
a la ciudadanía a salir a manifestarse el próximo 10 de mayo.
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ Y JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ
EL PAÍS - 08-05-2006
El próximo 10 de mayo la ciudadanía de la Comunidad de Madrid está
llamada a movilizarse en defensa de una enseñanza pública de calidad.
Más allá de las razones que asisten al profesorado para secundar la
huelga, convocada por la negativa del Gobierno regional a negociar la
renovación de sus acuerdos laborales, CC OO y UGT junto con las
asociaciones de padres y madres de alumnos y otras organizaciones
sindicales, sociales y políticas convocamos al profesorado a la
comunidad educativa y a la sociedad a reclamar al consejero de
Educación y al Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre un
cambio de rumbo en las políticas educativas, que se definen por el
escaso respeto a los acuerdos firmados el 9 de marzo del 2005, por el
abandono de la enseñanza pública y por su furor privatizador.
La preocupación de UGT y CC OO por el deterioro paulatino de la
enseñanza pública que viven en primera persona día a día los
profesionales de la enseñanza, es compartida por todas y todos los
trabajadores que consideran que la educación en igualdad y para la
igualdad es el único objetivo posible y la mejor garantía de un futuro
de libertad, queriendo desterrar y dejar atrás la escuela selectiva,
segregadora y discriminatoria, que algunos pretenden resucitar en aras
a "nuevas" ideologías importadas y utilizando como estandarte la
libertad de empresa y la libre elección de centros, ayudados por una
campaña sistemática de desprestigio de la enseñanza pública.
Esta actuación del Gobierno regional madrileño ha creado las
condiciones para que la libertad que tanto predican no sea efectiva y
que, por tanto, los padres no sean libres para elegir el centro
educativo. Salvo excepciones, los centros concertados de facto realizan
una selección del alumnado. Ésta, fundamentalmente, se verifica a
través de cuotas complementarias que, en muchas ocasiones, pueden
incluso superar los 200 euros al mes. Además, la carencia de inversión
en los centros públicos más antiguos provoca una pérdida de imagen de
los mismos ante la sociedad. Así, la proporción de alumnado con
necesidades de apoyo educativo es muy superior en los centros públicos
que en los concertados; en algunas zonas, como, por ejemplo, Vicálvaro,
en el curso 2004, el 100% de los alumnos de integración estaba en
centros públicos. Este modelo nos ha devuelto a un sistema reproductor
de las desigualdades de origen y que al mismo tiempo discrimina a los
profesionales de la educación y en sus posibilidades de promoción.
Un análisis avalado por los datos que reflejan año tras año un
incremento del gasto de educación no universitaria por debajo de la
media de los presupuestos, mientras que las partidas presupuestarias
destinadas a conciertos superan los dos dígitos. Todo ello ha conducido
a que en la actualidad el peso de la educación concertada en nuestra
Comunidad supere el 20%, lo que conlleva que, mientras continúe esta
línea política e ideológica, en pocos años superará a la enseñanza
pública. Política impulsada además con la cesión de terrenos públicos
para la construcción de centros de enseñanza privada, que si bien dio
sus primeros pasos en diversos Ayuntamientos gobernados por el Partido
Popular en el año 2000, en la actualidad se ha generalizado con 37
centros, lo que está significando en la práctica que las
administraciones locales que necesitan incrementar sus dotaciones
escolares por necesidades demográficas, sólo consigan su objetivo si se
supeditan a la política de creación de nuevos centros puesta en marcha
por el Gobierno regional, aunque su gestión se encomiende a empresas
del sector de restauración o a fundamentalistas católicos: Tiempos Más
Nuevos, Comunión y Liberación, Opus Dei... Incluso centros privados con
baja matriculación han obtenido el concierto para subsistir a costa del
alumnado de los centros públicos
Prueba de ello es que en el periodo comprendido entre los años 1995 a
2005 las unidades escolares totales en centros públicos han crecido un
2% mientras que las unidades concertadas en colegios privados se han
incrementado en un 56,28%. Más claro aún se refleja en la Educación
Infantil donde de las 3.637 unidades nuevas creadas desde el curso 1999
más de la mitad corresponden a unidades concertadas, con un
espectacular incremento porcentual del 636% de las existentes en el
curso mencionado, que contrasta con el incremento del 22% de las
unidades públicas en este tramo educativo y con el 47% de incremento de
las plazas totales.
La distribución del gasto público educativo orientado claramente, como
se ha expuesto, a potenciar los conciertos, explica la política de la
Consejería de Educación, que no atiende las reivindicaciones de los
directores de los centros educativos públicos, que son propiedad de
todos los ciudadanos y que reclaman más recursos para gastos que son
imprescindibles para acometer cualquier proyecto de calidad. El dinero
de nuestros impuestos se destina a crear infraestructuras educativas
privadas que ofertan aulas dotadas de nuevas tecnologías, con
instalaciones para talleres, polideportivo cubierto, piscina
climatizada o pistas exteriores, como algún Ayuntamiento publicita al
adjudicar las parcelas inicialmente destinadas a construcción de
colegios públicos, instalaciones que con total seguridad no dispondría
si la titularidad del centro fuera pública. Además, la posible
rentabilidad de las parcelas cedidas se pierde para las arcas públicas,
pues los cánones de cesión llegan a ser tan bajos como 0,23 euros por
metro cuadrado al año, cuando el alquiler medio de un piso en Madrid
está a 187,7 euros por metro cuadrado al año: ¡¡894 veces más caro!!
Los compromisos del Gobierno regional respecto a una nueva normativa de
escolarización, que contrarreste el actual desequilibrio en la
escolarización del alumnado con necesidades de compensación educativa
entre la enseñanza pública y la concertada, son papel mojado porque no
se han adoptado medidas para evitar que la enseñanza pública con un 55%
de la oferta educativa, escolarice el 77% del alumnado inmigrante,
concentrando la mayoría de las aulas de compensatoria y el mayor
porcentaje de aulas de garantía social.
Tampoco la administración educativa madrileña ha puesto en marcha el
plan de atención preferente en la Educación Secundaria Obligatoria, que
permita reducir los porcentajes de fracaso escolar a través de la
dotación de mayores medios y recursos y mejorando la atención a la
diversidad del alumnado, por no hablar de las medidas comprometidas
para la mejora de la convivencia escolar, fenómeno que es objeto de
atención creciente por parte de los medios de comunicación y de la
sociedad, pero cuyas medidas previstas brillan hoy por su ausencia.
El compromiso de incrementar las plazas públicas en educación infantil
o en Formación Profesional, tropieza de nuevo con la tozudez de los
datos: más 20.000 familias no han podido acceder a la plaza demandada
en una escuela infantil pública; casi 3.000 alumnos/as se han quedado
sin poder acceder a los estudios de Formación Profesional de grado
superior de su elección... cifras bastante similares a las de cursos
anteriores. ¿Dónde queda aquí la libertad de elección de la que alardea
el consejero? Las familias que no obtienen la plaza solicitada en una
escuela infantil pública, han de recurrir a las guarderías privadas.
Los demandantes insatisfechos de estudios de FP han de conformarse con
estudiar otra cosa o bien acudir a realizar los estudios de su elección
a academias privadas.
Este catálogo se completa con el olvido de la ampliación del servicio
de comedor para los alumnos de secundaria, con un incremento de las
ayudas para libros de texto que se ha visto empañado por la promesa de
la presidenta en el Debate del Estado de la Región de dar los libros
gratis a las familias numerosas independientemente de su nivel de renta
y por la no incorporación de otros profesionales a los centros
educativos: cuidadores para educación infantil, mediadores para la
educación secundaria, profesorado de apoyo, monitores para ampliar los
planes de apertura de centros fuera del horario o del calendario
escolar.
En el ámbito universitario la situación se repite, porque la
autorización de cuantas solicitudes se le presentan para instalar
universidades privadas, a todas luces innecesarias, han provocado que
el numero de éstas sea superior a las públicas -seis universidades
públicas frente a ocho privadas-, que acaban siendo financiadas con
dinero público por mecanismos indirectos como las becas a la excelencia
o el acceso a programas europeos. Sin embargo, la financiación de las
universidades públicas madrileñas no ha alcanzado todavía los
estándares que existen en los países de nuestro entorno. Para paliar
este déficit, no se ha realizado en el presupuesto regional un esfuerzo
suplementario, una vez recibidas las competencias en materia
universitaria. En los últimos cinco años, el presupuesto universitario
ha crecido por debajo de la media anual de crecimiento de todo el
presupuesto regional.
La universidad madrileña necesita un cambio de rumbo en la política
universitaria que ponga en el centro de las prioridades regionales las
universidades públicas, las enseñanzas universitarias y el sistema de
investigación, desarrollo e innovación regional.
Ha llegado el momento de poner límites a esta progresiva, constante y
permanente política que persigue el deterioro de la enseñanza pública y
que como contrapartida ofrece una enseñanza privada financiada con
fondos públicos, lo que obliga a unirse a profesores, estudiantes y
padres de alumnos en defensa de la enseñanza pública de calidad que
permita que la libertad de opción de los padres no se encuentre
condicionado por la desigual distribución del gasto público en materia
educativa.
Está en juego el futuro de la educación como un derecho de todos/as y
no como un negocio que defiende un interés lucrativo, que por una parte
plantea la insuficiencia de las cantidades que recibe en función de los
conciertos, pero que al mismo tiempo no pierde la oportunidad de
incrementar sus unidades escolares mediante conciertos.
Para CC OO y UGT, mejorar la educación es básico para el futuro de la
Comunidad de Madrid. No sólo para formar ciudadanos libres y
responsables, para procurar mayores niveles de formación para avanzar
hacia una sociedad más justa y cohesionada, sino también para
garantizar mayores cotas de prosperidad. No es razonable que sigamos
ostentando los últimos lugares del Estado en gasto educativo por alumno
o en gasto educativo en relación al PIB regional. Y es menos razonable
todavía que las políticas educativas del gobierno regional erosionen el
único instrumento capaz de garantizar estos objetivos: la enseñanza
pública.
Por ello, UGT y CC OO conjuntamente con las asociaciones de padres y
madres de alumnos y organizaciones políticas, sindicales, sociales y
vecinales invitamos a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de
Madrid a manifestarse el próximo 10 de mayo a las siete de la tarde, en
la plaza de Colón: Por una enseñanza pública de calidad.
Francisco Javier López Martín es secretario general de CC OO-Madrid y
José Ricardo Martínez Castro es secretario general de UGT-Madrid.
© El País S.L. | Prisacom S.A.
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