Informe especial sobre la situación de las personas sin techo en Andlaucía.

Defensor del Pueblo Andaluz.

El presente Informe que presenta la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz aborda la situación de la personas que viven en la calle, duermen en cualquier lado, cuando pueden lo hacen en albergues o centros de acogida, se alimentan en comedores sociales, se visten en los roperos, piden limosnas o aparcan vehículos en nuestras calles. Son aquellas personas que se le denomina de diferentes formas: sin hogar, indigentes, mendigos…en nuestro caso Sin techo.

De éstos, los más excluidos, los pobres de los pobres, son el objeto de nuestro informe, y a ellos hemos dirigidos nuestra investigación por considerar que requieren de una atención especial desde las administraciones y del conjunto de la sociedad.

Nuestro Informe parte del conocimiento de las historias personales que llegan de forma permanente a la Institución, porque se sienten desantendidos, a veces, de las administraciones o no cuentan con una respuesta acorde a sus necesidades.

El informe tiene dos objetivos fundamentales. El primero es conocer quiénes son, qué sienten, qué piensan, qué desean estos hombres y mujeres. El otro es analizar qué respuestas están dando las administraciones y la sociedad para ayudar a estas personas, y así detener el crecimiento, cada día más acelerado, del número de ciudadanos que se encuentran en esta situación y que mucho nos tememos, de no remediarse, seguirán creciendo ya que a los crónicos, a los que llevan años en esta situación, se le unen ahora emigrantes, jóvenes y mujeres. Grupos que son significativos en estos momentos y a los que se unen los problemas relacionados con la falta de vivienda que sufren muchos ciudadanos/as.

La metodología usada en el Informe parte del análisis de las quejas que han llegado en los últimos años a la Institución, de la revisión de estudios realizados sobre esta materia en nuestra Comunidad Autónoma, de la visita a los centros y recursos de atención, de la escucha activa de las administraciones y de la realización de 269 entrevistas a personas que se encuentran Sin techo. Éstas se pasaron en albergues, comedores, portales, debajo de puentes y edificios abandonados,..; en definitiva, en los lugares donde normalmente se encuentran.

Hemos realizado un estudio sobre la exclusión y sus causas, para ver en qué medida afecta a estas personas ý cómo se encuentran ubicados en el ámbito de la exclusión. Hemos visto que no están constituidos por un grupo homogéneo, al haberse incorporado hombres y mujeres que han sufrido violencia directa y estructural; jóvenes con grandes dificultades de integración y de empleo, que se ven arrastrados a las adicciones y a los conflictos que éstas comportan; ancianos con escasos recursos y prestaciones, minorías étnicas, y grupos interiorizados socialmente; ciertos sectores de trabajadores, que debido a su falta de especialización y edad, se convierten en inempleables, aquellos que provienen de determinadas situaciones de conflictos como los expresidiarios, hombres separados que quedan afectados en lo económico y sin recursos, adictos en proceso de integración, etc.

A ellos habría que añadir aquellos que padecen trastornos mentales crónicos o sufren enfermedades infecto contagiosos (VIH, tuberculosis, hepatitis C), los adictos a todo tipo de sustancias y en los que confluyen problemas mentales y de salud, son los denominados enfermos con una patología dual y aquellas personas que están de forma transitoria debido a una circunstancia determinada, siendo él grupo menos visible a los ojos de la sociedad.

Además, hemos realizado un estudio sobre el marco competencial y jurídico a nivel europeo, nacional, autonómico y local. En este apartado venimos a concluir que, aún reconociendo el avance alcanzado en estos últimos años, ello no ha supuesto en ningún momento una explicitación tácita de este colectivo que pueda llevarle a ser reconocida como población de derechos en cuanto a la atención. Quedan así, en muchos casos, en manos de instituciones sociales su atención directa y el trabajo de calle que éstas realizan al ser pocos los ayuntamientos que intervienen en ellos.

El núcleo más fuerte de nuestro informe lo constituyen dos capítulos. En uno de éstos abordamos los centros, recursos y programas de atención en todo el territorio, en el que hemos contado con la ayuda de los municipios y ONG que intervienen con este sector. En el otro abordamos la situación de las personas que se encuentran Sin techo, para concluir con todo un conjunto de sugerencias y recomendaciones.



En cuanto al resultado de nuestro informe venimos a concluir, con relación a los recursos y programas de atención, lo siguiente:

1. En la atención a las personas Sin techo se denota la ausencia de un organismo o institución coordinador de los programas, centros y recursos. No existe un servicio público que podamos identificar claramente en este tema.

2. Al mismo tiempo, existe una escasa coordinación entre las redes y servicios dirigidos a su atención;así como resulta insuficiente el número de plazas residenciales para la actual población y, sobre todo, cuando se observa un crecimiento importante.

3. Es necesario que los centros de atención estén acreditados y registrados, y sometidos al control de la Administración. Aunque previo a ello, deberá dotarse económicamente a los existentes para que puedan reunir los requisitos de mínimos necesarios y establecidos en la actual normativa de Centros y Recursos de la C.A.

4. Las ayudas económicas que reciben las Instituciones Sociales son escasas y llegan con mucho retraso, por lo que se debería incrementar de forma importante para mejorar la calidad de la asistencia.

5. Es necesario profesionalizar la intervención, ya que es escaso el número de profesionales que trabajan con este sector, y es esta la mayor garantía para que la Red de Atención mejore y se consolide.



En cuanto a la población, existen, como hemos comentado, perfiles muy distintos en la población Sin techo, en la que observamos, entre otros aspectos, los siguientes:

1. Una feminización del fenómeno, la existencia de una población joven y un elevado número de extranjeros que, en la muestra seleccionada, el 67% estaba indocumentado.

2. Existe un fuerte desarraigo familiar, aunque a una gran mayoría le vive la madre o el padre, o ambos. Un 48,3% decía tener hijos y, de estos, un 60,93% decía mantener contactos periódicos con ellos.

3. Un 40,14% había estado en prisión.

4. En cuanto a los estudios realizados, el 38,66% los abandonó antes de los 14 años. Un 25,28% era analfabeto funcional, un 2,67% tenía estudios medios y un 1,33% superiores.

5. Los enfermos mentales son un sector importante, ya que un 36,06% había acudido al especialista (psiquiatra o psicólogo).

6. El VIH afectaba al 5,96%, aunque en los españoles llegaba al 8,26%.

7. Igual porcentaje encontramos con el resto de enfermedades infecto-contagiosas (hepatitis C, tuberculosis,...).

8. El alcohol es la sustancia más consumida, habiéndose iniciado en edades muy tempranas. Un 30,11% lo había hecho entre los 10 a los 15 años, situándose el consumo 9 puntos por encima de la media de Andalucía.

9. Existe un sector con un consumo muy importante de inhalantes (pegamento), afectando al 4,46%, y cuando ha desparecido prácticamente en el conjunto de la población.

10. En cuanto al consumo del cánnabis es la tercera sustancia en importancia, habiéndola consumido, en el último mes, el 33,83%.

11. El consumo de heroína está altamente extendido, afectando al 18,59% de la población Sin techo, cuando en la encuesta domiciliaria realizada en Andalucía afecta al 0,2%, existiendo una mayor presencia en las mujeres que en los hombres el 24% frente al 16,49% de ellos.

12. En cuanto a la cocaína, la habían consumido en el último mes el 15,24%, y de forma mayoritaria los españoles, el 22,92% en los españoles frente al 8% de los extranjeros. El rebujo (cocaína y heroína) la había consumido en el mismo periodo el 17,84%.

13. Un 31,23% no había participado nunca en un programa de deshabituación.

14. En cuanto al tema de la vivienda, el 81,78% decía no tener casa. De éstos, el 79,17% eran españoles y el 86% extranjeros.

15. En cuanto al hecho de haber dormido en la calle, el 94,05% dijo haberlo hecho alguna vez, siendo los motivos principales: las drogas para el 24,91%; el alcohol para el 24,54%; las ludopatías, para el 3,72%; la falta de trabajo, ya que había sido el motivo para el 53,90%, con una mayor incidencia en la población extranjera, con el 72%; las separaciones matrimoniales, para el 16,39%, con una incidencia del 16,39%, siendo en los españoles el 20,12%; los problemas económicos los seleccionaron el 40,89%; y las enfermedades psíquicas el 8,18%, con una presencia mucho mayor en las mujeres que en los hombres y los problemas familiares, con el 32,34%, había sido un motivo para estar en la calle, aunque con una mayor incidencia en la población española, el 54,71%.

16. Sólo el 17,10% dijo haber abandonado de forma voluntaria su casa, mientras que el 12,64% perdió la vivienda que ocupaba por diversas razones personales y económicas.

17. En cuanto al lugar que duermen de forma habitual: un 54,28% lo hacían en la calle; el 24,54% en los albergues; un 5,95% en una vivienda ilegal; un 3,72% los hacía en una pensión y el 2,23% manifestaba que dormía en su casa, aunque el resto del día en la calle.

18. Más de un 34,20% llevaba en la calle de forma continua más de un año, de los que casi el 20% llevaba más de tres años.

19. Los albergues y centros de acogida daban cobertura al 25% de la población de forma habitual.

20. En cuanto a las posibles soluciones que podría tener su situación, para el 59,8% pasaba por contar con una vivienda, participar en programas de rehabilitación y obtener un trabajo para el 50,93% y contar con la solidaridad de los ciudadanos para el 48,33%.

21. En general tienen una escasa percepción de que la situación les puede mejorar, ya que se consideran personas pobres o muy pobres en un 70,3%.



Por último, observamos la existencia de procesos de exclusión muy distintos, unidos a las condiciones y circunstancias que le han llevado a estar en esta situación. En cualquier caso, la exclusión no es algo inevitable, es un fenómeno sujeto al desarrollo de determinadas “políticas sociales”, así como de la reacción de la propia sociedad civil.



En cuanto a las SUGERENCIAS realizadas a la conclusión de este informe, venimos a proponer:

1. Se debe garantizar la inclusión del sector en el conjunto de la sociedad, desde la prioridad que supone la actual situación en la que es necesaria la creación de políticas sociales acordes a la población. Para ello, se debe proveer de un marco normativo que venga a especificar el nivel de competencias de las administraciones que intervienen con ellos.

2. En relación a la ubicación y distribución de centros y recursos, habrá que prever en futuras planificaciones su distribución el número de habitantes por poblaciones y la fuerte en determinados municipios; así como se debe crear un modelo y circuito de la atención.

3. Desde las Administración Autonómica se debe contar con un mayor conocimiento del fenómeno, realizando para ello estudios periódicos que permitan ver los cambios operados, la evolución y la situación del conjunto de esta población, y que sirvan como elemento clave para la planificación, diseño y aplicación de los programas de intervención.

4. Desde los municipios se debe profesionalizar la atención de este colectivo desde los distintos recursos, estableciendo los perfiles profesionales de acuerdo a los tipos de intervención que se realizan.

5. En estos momentos la Red de Atención, aunque débil, cubre unos primeros niveles de la intervención que deberá incrementarse ante el crecimiento que viene experimentando esta población. Sin embargo, y a tenor de las necesidades detectadas, junto a otras, se deben establecer servicios laborales, de apoyo jurídico, de atención psicológica y social, y de atención primaria. Éstos deben estar adscritos e integrados en los Centros de Atención y en los programas residenciales.

6. Hay que modificar las relaciones de las personas Sin techo con las Administraciones. Ya que hemos observado que la valoración que realiza esta población de los servicios ofrecidos cuenta con un bajo nivel de interés y confianza. Por eso, se debe realizar un gran esfuerzo, desde todas las Administraciones, por recuperar su papel de protagonista en la atención del colectivo y de acercamiento a la solución de sus problemas.

7. En el futuro desarrollo reglamentario de la futura Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes se debe tener en cuenta las condiciones y circunstancias peculiares de este colectivo, ya que en muchos casos existen situaciones de dependencias susceptibles de ser atendidas a través de los servicios y prestaciones que garantiza dicha Ley.



En cuanto a las RECOMENDACIONES, proponemos:

· Desde la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se debe crear una normativa específica para la atención a estas personas, en la que se recoja una Carta de Derechos y Obligaciones de los usuarios en el marco de los Servicios Sociales. Ésta deberá estar presente en todos los centros de atención y programas residenciales.

En ella se debe recoger el reconocimiento de los derechos a la dignidad, confidencialidad, privacidad, información y autonomía.

· Para la realización y conocimiento de este fenómeno se propone la creación de un Observatorio sobre las Personas Sin techo, con la colaboración de las ONG, Administraciones y Universidades. Al mismo tiempo, es necesario contar con un Sistema de Información en los Municipios y centralizado en la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que nos permita conocer el número total de éstos.

· La Administración Autonómica debe coordinar los recursos y las intervenciones dirigidas a las personas Sin techo, estableciendo un recorrido dirigido a la normalización y la incorporación social. Debe asumir el liderazgo que le corresponde y exigir al resto de administraciones un modelo de atención consensuado e igualitario en todo el territorio.

En cuanto a los recursos, se debe llegar a un consenso sobre el diseño y denominación de éstos, así como de su extensión y cobertura. Al mismo tiempo, se debe realizar un mapa de recursos de atención que lleve a su distribución en función de la actual presencia de esta población y desde la necesidad de una red que cubra todo el territorio.

Para ello, es necesario crear un órgano en el que participen las administraciones públicas y las organizaciones no gubernamentales, que posibilite un Acuerdo Marco para la atención a las personas Sin techo.

· Desde el ámbito presupuestario de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, se debe crear un programa propio para la atención de este colectivo, donde se recoja el compromiso y el esfuerzo económico que se realiza con el sector.

Ello supondrá incrementar de formar importante la asignación económica para los programas y recursos, y elaborar un plan de construcción y dotación de centros para los próximos años, que permita su inclusión en el actual marco normativo que fija los requisitos mínimos para la autorización, registro y acreditación de los Centros de Servicios Sociales.

· Desde la administración competente de la Junta de Andalucía y desde los Municipios, se debe diseñar una política de alojamiento específico para esta población, al menos en un primer nivel de la intervención, donde la única limitación temporal sea la indicada por el programa de tratamiento en el que se integren.

No obstante, las políticas de alojamiento de este colectivo deberán diseñarse en función de los distintos perfiles de población. En este sentido, deben existir recursos de corta, media y larga estancia.

· Con relación a la población inmigrante, la fuerte presencia en los recursos y programas satura muchos dispositivos e impiden el acceso a personas en situación de exclusión extrema. Por ello, se debe establecer, dentro de los Planes Integrales para la Inmigración, desde la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, medidas de alojamiento y asistencia mediante la existencia de recursos específicos que atiendan estas demandas, ya que muchos casos no son de situación de exclusión extrema.

En este mismo apartado, debemos llamar la atención sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados, ya que a la terminación del periodo de atención en los centros de protección, con la mayoría de edad, quedan en situación de vulnerabilidad social y en peligro de exclusión. Por ello, y como medida preventiva, se debe diseñar un programa específico de atención a estos menores.

· El sistema de ayudas sociales previsto en el Programa de Solidaridad de los Andaluces (Decreto 2/1999) debe ser revisado para la inclusión de la población inmigrante residente, tal como establece la Ley 4/2000.

· Ante la fuerte presencia de población adicta no integrada en la red de atención a las adicciones, debido a la falta de apoyo ante la situación de espera para su ingreso en centros residenciales o de otros tratamientos, la Dirección General de Drogodependencias y Adicciones debe diseñar un recorrido propio para estas personas que cuente con recursos urbanos de apoyo a los tratamientos.

Al mismo tiempo, desde la Consejería de Salud, y en el ámbito de la Salud Mental, se deben incrementar los dispositivos de carácter residencial que puedan acoger al elevado número de personas con enfermedades mentales crónicas que actualmente viven en la calle.

Además, se les debe facilitar el acceso gratuito a la medicación a aquellas personas con problemas económicos y con falta de recursos para de esta forma garantizar los tratamientos.

· En cuanto a los Ayuntamientos, al ser éstos los que soportan en gran medida la atención al colectivo, deben reforzar los actuales recursos, creando desde los Servicios Sociales unidades especializadas de intervención, con capacidad de coordinación con otras áreas y departamentos municipales o de la propia Junta de Andalucía.

Para ello, los Planes Provinciales y Locales deben recoger de forma clara y precisa la atención a las personas Sin techo; al menos en aquellas poblaciones en las que existe una clara presencia de este fenómeno, y donde es necesaria la creación de programas de intervención urgente.

· En cuanto al ámbito laboral, se deben favorecer y potenciar las políticas activas de empleo con este colectivo, estableciendo estrategias personalizadas y tendentes a mejorar las condiciones de empleabilidad de este colectivo.

En este sentido, las Organizaciones Sociales, como conocedoras de la materia, deben implicarse en la atención directa y en las medidas dirigidas a esta población.

· En cuanto a las políticas de vivienda, se debe trabajar en un diseño propio para la atención. Por ello, desde los Ayuntamientos, en colaboración entre las Delegaciones de Bienestar Social y Urbanismo, se debe diseñar un sistema acceso fácil a la vivienda con exigencias de mínimos en razón de la situación económica de las personas Sin techo.

Además, se deben crear bolsas de viviendas de carácter social para colectivos con dificultades de acceso a ésta, a un coste asequible a sus situaciones.

Al mismo tiempo, es necesario crear recursos de carácter residencial con una temporalidad acorde a la existencia de otras alternativas y donde exista un elevado nivel de independencia.

· En la población crónica, mayor y con problemas mentales debe priorizarse su ingreso en las residencias de crónicos, ya que sin este tipo de apoyo es difícil sacarles de la actual forma de vida.

En ello, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y Salud, al contar con los medios necesarios, tienen la mayor responsabilidad para la atención a este grupo, y supone incrementar el número de recursos y plazas en centros residenciales, así como de programas de acercamiento a ésta.

· También, para abordar otros problemas de exclusión, las administraciones deben crear programas individualizados, ya que no estamos ante un colectivo homogéneo. Para ello, deberán contar con las distintas redes especializadas dando respuestas urgentes a sus demandas.

· Por último, es necesario producir un cambio en la percepción social del fenómeno en los ciudadanos, para que sean participes y ayuden en los procesos de incorporación social. Hay que trasladar a la sociedad los problemas sociales y personales que padecen estas personas, así como deben conocer el esfuerzo que realizan tanto las administraciones como la iniciativa social.

Sólo desde la interacción social se podrán promover programas sociales de discriminación positiva para colectivos desfavorecidos, que servirán como elemento neutralizador de las reacciones de rechazo que sufren desde sectores sociales con actitudes xenófobas y excluyentes.

Para ello, desde los medios de comunicación social de titularidad pública se deben realizar campañas de sensibilización que permitan un cambio de mentalidad social ante el fenómeno.



Junto a esto, venimos a concluir afirmando que debemos entender que la inclusión social no es in proceso fácil, que éste no se alcanza cuando faltan recursos y medios para ello. Ello sólo es posible cuando existe una amplia implicación social y una clara decisión política, que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para que nadie, por muy mala que sea la situación en la que se encuentre, no tenga a su alcance los medios para romper el círculo de la exclusión.



Descargar el Informe completo en pdf: http://www.defensor-and.es/informes/ftp/vivirenlacalle/vivir...