Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Ver Informe completo en www.apdha.org

El informe que anualmente hacemos la APDHA acerca de los “Derechos Humanos en la Frontera Sur”, se ha convertido modestamente en un trabajo de referencia para muchos medios y analistas y para muchas organizaciones sociales interesadas en la cuestión migratoria

Este informe, editado en francés y español, se realiza mediante un equipo de trabajo que efectúa un seguimiento de las vulneraciones de derechos humanos que se producen en las fronteras, en especial en relación a las rutas migratorias que desde la Frontera Sur se dirigen hacia España. El informe se elaboró recogiendo datos a través de los medios de comunicación, estadísticas proporcionadas por el gobierno, informaciones proporcionadas por organizaciones amigas de Marruecos, de África y de Canarias e investigación propia realizada por misiones de la APDHA sobre el terreno.

El informe que presentamos este año referido al 2007 pone de manifiesto que las principales tendencias que señalábamos en el Informe 2006, no se han modificado sustancialmente. Si acaso se han continuado profundizando algunos de los aspectos más problemáticos de las políticas migratorias desarrolladas por nuestro país.

Según los datos del « Balance de la lucha contra la inmigración irregular 2007 » presentado por el Ministerio del Interior, el Estado español repatrió a 55.938 inmigrantes en situación irregular a lo largo de 2007, lo que representaría una cifra 6% más elevada que la de 2006, frente a una menor llegada de inmigrantes por medio de embarcaciones, 18.057 lo que significa un descenso frente a 2006 del 53,9%.

Lo cierto es que los datos de detenciones son superiores si nos referimos a las personas detenidas en las propias costas africanas, que han superado las 12.000
Si tomamos en cuenta estos datos, el descenso de personas detenidas en embarcaciones apenas ha superado el 30% (ver datos cuadro página 25 del informe)

En todo caso, se trata de unos datos presentados de forma “triunfalista” por el gobierno, para mostrar en año electoral la eficacia de su política de “regulación de los flujos migratorios”, de forma que la inmigración sea “cada vez más ordenada”. Pero, con este enfoque lo que se consigue es orientar el debate migratorio hacia una problemática de orden público, presentando a los migrantes como un problema de seguridad, de desbordamiento de las fronteras españolas y por ende europeas.

En realidad es este enfoque poco consecuente el que ha permitido al PP situar el debate migratorio con una falta absoluta de escrúpulos en el centro de la campaña electoral, con propuestas verdaderamente intolerables.

Es este enfoque el que legitima la criminalización de la figura del migrante, clave para justificar mayores medidas de control de las fronteras y para justificar el recorte de sus derechos fundamentales

Es este enfoque el que alienta el imaginario colectivo de “invasión” y permite el surgimiento de recelos, de rechazo cuando no directamente de racismo y de xenofobia.

Pero este triunfalismo, olvida, las cifras insoportables de las vidas que han quedado en el camino de esta supuesta “inmigración cada vez más ordenada”.

En este informe, la APDHA hemos logrado evaluar de forma contrastada que 921 personas han perdido la vida durante el año 2007 en su aventura migratoria hacia España. Pero no es nada exagerado estimar en al menos 3.500 los seres humanos que se han dejado la vida como resultado de políticas de control de fronteras cada vez más represivas y crueles (Ver datos en la página 33 del Informe)

De las víctimas documentadas 629 son personas de origen subsahariano, 287 magrebíes y 5 asiáticas. Las muertes y desapariciones han sido 189 en las costas españolas y el resto, 732 en las costas africanas (Magreb y África occidental)

Y no contabilizamos aquí, porque resulta prácticamente imposible, a las víctimas que cayeron en la ruta que atraviesa el Sahel y se dirige hacia Argelia o Libia. Algunos altos cargos del Ministerio del Interior han llegado a admitir que el desierto del Sáhara se ha convertido en una inmensa tumba de arena.

Es cierto que, hasta donde nosotros, la APDHA, hemos podido documentar, ha descendido el número de personas que han perdido la vida con respecto al año 2006. Pero eso nos consuela poco. Se trata de una cifra que ninguna sociedad democrática debiera de poder soportar.

Y que continúa:

Porque sólo en los dos primeros meses de 2008 ya han perdido la vida 89 personas (6 en las costas canarias, 13 en las gaditanas, 1 persona en Ceuta, otra en Argelia y 68 en las costas del Sahara y de Marruecos), frente a las doce en el mismo período de 2007.

Han llegado a las costas españolas en estos dos primeros meses de 2008, 2.096 inmigrantes (624 en la costa andaluza, 43 a Baleares, 113 a Murcia y 1.316 a las costas canarias), una cifra que estimamos similar a la del año pasado.

Creemos, como por desgracia estamos empezando a comprobar en estos datos de los dos primeros meses del año, que no sería descartable una reactivación de la emigración clandestina hacia las costas andaluzas, vistas las travesías más largas y dificultosas de otras rutas, por el despliegue del Frontex incluso en las costas de los países de origen, o por el renovado flujo migratorio procedente de Marruecos y Argelia.

Pero tantas muertes no son consideradas insoportables por el Gobierno español y por la Unión Europea. Parecen pensar que se trata de un “daño colateral” inevitable de sus políticas migratorias de control, en las que la implicación Europea a través del FRONTEX ha jugado un papel Estrecha con inversiones millonarias (que detallamos en el informe: ver páginas 39 y 42).

Pese a todas las declaraciones de intenciones, el Gobierno y la UE continúan ignorando las causas que provocan las migraciones actuales (cuestión ampliamente analizada en el informe a partir de la página 13) y por tanto se ponen en marcha medidas hiperrestrictivas cuyo alcance y eficacia es coyuntural y cuyos efectos a medio plazo son imprevisibles.

La política migratoria del Gobierno se centra en lo que se ha venido a llamar la política de “externalización de las fronteras”, impulsada desde la UE y liderada en realidad lastimosamente por el gobierno Español. Sus objetivos se resumir de la siguiente forma:
- Impedir que las personas salgan de determinados países africanos
- Que si consiguen salir no lleguen a España/Europa
- Y que si llegan, que puedan ser expulsadas lo más rápidamente posible

Con este simplismo (que por simple no deja de ser cruel), muchas cuestiones de futuro se ponen en juego.

Se pone en juego la cooperación española y las relaciones de futuro con los países africanos, que se condiciona de forma inmoral a los objetivos del control de fronteras y de la inmigración. Inmoral porque la vida de miles de personas no puede quedar sujeta a concepciones policiales y al arbitrio de acuerdos con gobiernos corruptos que violan gravemente los derechos humanos de sus ciudadanos.

Se pone en juego la política de las cañoneras de triste recuerdo, en la que son los buques de la Guardia Civil o de otros países europeos los que controlan las fronteras de los países africanos, devolviéndonos la imagen de la más rancia época colonial. Para muchos africanos, las cañoneras y las expulsiones masivas, están creando un nuevo foso y un imaginario colectivo de choque con Europa, de consecuencias imprevisibles

Se pone en juego el cumplimiento de la DUDH que claramente establece que ninguna persona puede ver impedido su derecho a salir y regresar a su propio país. El concepto de “emigración ilegal” ampliamente utilizado por España y la UE es un concepto jurídico que rompe claramente con todos los Acuerdos que forman la Arquitectura Internacional de Protección de los Derechos Humanos.

Se ponen en juego las vidas humanas. Ya hemos hablado de las escalofriantes cifras de muertos entre las personas que se dirigen a España. Pero el incremento del control de fronteras busca otras salidas con más muertos y tragedias. La organización Fortress Europa, a través de un seguimiento de prensa, ha llegado a contabilizar durante el 2007 551 muertos en el canal de Sicilia, 257 en el mar Egeo y 177 en toras fronteras.

Y como resultado, como consecuencia. La mayor vigilancia, el control, los acuerdos impuestos a países terceros, no tienen como consecuencia una inmigración ordenada, sino una inmigración más clandestinizada, con más sufrimiento y más muertes, más ruptura de la legalidad internacional y más violación de derechos humanos.

Es preciso un giro radical en las políticas migratorias

Tras la derrota electoral del PP, cuyas propuestas en el ámbito de las migraciones sólo podíamos calificarlas de profundamente xenófobas, nos gustaría que se produjera un verdadero cambio de rumbo en la orientación y en la gestión de las migraciones por parte del gobierno del PSOE, aprovechando su triunfo electoral

Pero honestamente no tenemos demasiada confianza en ello. De hecho al menos en lo que se refiere el presente informe que presentamos (la gestión de los flujos migratorios y que por tanto no aborda el conjunto de los temas que afectan a la inmigración en nuestro país), la APDHA no puede sino denunciar unas políticas desarrolladas por el Gobierno que violan gravemente de los derechos humanos y que, a la postre no son ni siquiera efectivas desde el punto de vista que declaran perseguir, o sea, la ordenación de los flujos migratorios.

Por ello plantearíamos al gobierno del PSOE que se va a formar tras las elecciones:

§ Que en un nuevo diseño de la política migratoria sea capaz de acudir al análisis de las causas de la migración forzada, descritas en ese informe, y compruebe que existen responsabilidades en ello por parte de España y de la Unión Europea. Y, comprobando esas responsabilidades actúe con las consecuencias debidas para que la política de nuestro país en África no implique la profundización de las desigualdades, de la pobreza y del foso que separa a los países ricos de los países empobrecidos.
§ Por otra parte, desde criterios éticos y morales el gobierno no puede seguir enrocado en torno al dogma del cierre de fronteras. Pero no sólo desde criterios éticos y morales, sino desde el mínimo balance utilitarista: en casi veinte años de políticas restrictivas no sólo no se ha conseguido lo que se decía pretender (controlar los flujos migratorios) sino que incluso se ha producido el efecto contrario…
§ Creemos profundamente injusta y violentadora de derechos humanos esta política llevada por el gobierno en relación los flujos migratorios. Muy en particular el condicionar de forma inmoral la ayuda al desarrollo y la cooperación a la lucha contra la inmigración clandestina.
§ Independientemente de la legitimidad de los estados para controlar las fronteras propias, lo cierto es que el respeto escrupuloso de los derechos humanos de aquellos que intentar entrar, debe estar por encima del propio control de fronteras (acogida digna, derecho a la asistencia jurídica y a intérprete, etc.…). Y esto no se está haciendo de forma consecuente. Como tampoco se están respetando cabalmente derechos humanos esenciales como el derecho al asilo o el derecho a vivir en familia o el derecho de los menores a recibir protección.
§ En este sentido pedimos que se reconsidere en profundidad el papel de los Centros de Internamiento, incluso su cierre, que ya en nuestro informe respecto a 2006 destacábamos como marcos opacos de violación de derechos humanos, en los que una persona que no ha cometido delito alguno puede ser sometida a un régimen carcelario a veces infrahumano. Una cuestión que acaba de ratificar un informe al parlamento Europeo en relación a España.
§ En el terreno de la legislación internacional pedimos al nuevo gobierno que España ratifique cuanto antes el protocolo 4º de Derechos Humanos de la UE, en el que se prohíbe la expulsión colectiva de inmigrantes. Del mismo modo que es urgente la firma aún no realizada de la Convención Internacional de Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias de Naciones Unidas.
§ Creemos que en la nueva legislatura debería plantearse la modificación en profundidad del actual marco jurídico, o dicho de otra forma cambiar en de raiz la actual Ley de Extranjería, que permita reconsiderar la actual política de visados, cupos, sistemas de entrada y regularización…. Sin estos cambios normativos resulta imposible pensar en flexibilizar la gestión de los flujos.


Una flexibilización de los flujos con cauces concretos que permitan la emigración regular desde África a Europa. África tiene que ser incorporada a los procesos migratorios hacia Europa, dando salida a las generaciones, a esa franja de personas entre quince y treinta y cinco años que tiene muy interiorizada la voluntad de fugarse. Y ello sólo puede hacerse mediante una gestión legal de los flujos, más abierta, más racional... que puede ayudar paradójicamente a reducir la irregularidad, que potencian precisamente las políticas de cierre de fronteras. Y también por tanto las muertes y el sufrimiento de tantas personas.