El País 12-7-2004
El Gobierno planea subir un 3,5% el sueldo de los funcionarios en 2005
El Gobierno pretende incrementar un 3,5% los salarios de los funcionarios el año próximo. La subida, superior a las de años anteriores, incorpora todas las mejoras que el anterior Gobierno del PP acordó con los sindicatos en 2002 y añade otras tres décimas porcentuales para empezar a recuperar el poder adquisitivo perdido desde 1996. La medida, que se incluirá en los Presupuestos de 2005, afectará a los empleados públicos de todas las administraciones (2,3 millones). El Ejecutivo se propone también mejorar las plantillas y reducir la tasa de temporalidad (22,7%). Los empleados públicos cobrarán en 2005 un 3,5% más que este año, de acuerdo con las intenciones del Ejecutivo para los Presupuestos del año próximo. La propuesta, que debe canalizar el Ministerio de Administraciones Públicas, ya se ha comunicado a los sindicatos representativos de la función pública, según ha sabido este periódico, y tendrá que consensuarse con el Ministerio de Economía y Hacienda, encargado de la coordinación de todas las carteras económicas. La subida es algo superior a las aplicadas en los dos últimos ejercicios (2003 y 2004), cuando el Ejecutivo del Partido Popular rompió la tendencia de los siete años anteriores y fijó subidas de entre un 3,2% y un 3,3%. Esas mejoras, aplicadas en años electorales, acabaron con un periodo de subidas equivalentes a la inflación prevista (el 2%), no la real, más un año en el que los salarios se congelaron (1997). Ese 3,5% que propone el Gobierno recoge las condiciones que acordó el Partido Popular con los sindicatos a finales de 2002: sumar al 2% de inflación prevista un 0,5% para engrosar el fondo de pensiones que disfrutarán los funcionarios de la administración central y alrededor de otro 0,7% ligado a productividad. A esos conceptos, vigentes desde 2003, el Gobierno pretende añadir otro 0,3% para que los empleados públicos comiencen a recuperar el poder adquisitivo perdido en los ocho años anteriores. Restaurar esa pérdida resultante de haber incrementado los sueldos por debajo de la inflación llevará tiempo, por lo que esta subida supone el primer paso de un objetivo más amplio que se abordará en toda la legislatura. Los sindicatos de la función pública, que secundaron una huelga en diciembre de 2000 para reclamar mejoras en su situación, cifraron entonces en 12 puntos la pérdida de poder de compra desde 1992. Todas las administracionesLa subida salarial se aplicará a los funcionarios públicos de todas las administraciones del Estado (centrales, autonómicas y locales), por lo que afectará a los 2.353.080 empleados públicos que existen en España. El aumento retributivo se recogerá en el capítulo I de los Presupuestos Generales del Estado para 2005. El año pasado, pagar los sueldos de los funcionarios costó 76.839 millones de euros, cantidad equivalente al 10,3% del producto interior bruto (PIB). El peso de las retribuciones sobre el PIB ha caído un punto desde 1995. Además de las subidas salariales, el Gobierno planea introducir otras mejoras en la función pública. Se reforzarán las plantillas, con atención prioritaria a la Policía y a la Guardia Civil, que han sufrido recortes en los últimos años. En la actualidad existen comisarías de distritos pequeños tan escasamente dotadas que no pueden ni costearse la gasolina de sus patrullas durante toda la semana, según relatan fuentes gubernamentales. Pero la principal herramienta que el Ejecutivo empleará para mejorar la calidad del empleo en las administraciones públicas consiste en reducir la temporalidad. Este fenómeno afecta de manera general a casi un tercio de los trabajadores del país. Pero mientras el sector privado ha reducido su nivel de eventualidad del 40,7% al 32,5% desde 1995, en el público ha ocurrido a la inversa: ha pasado del 16,1% al 22,7%. Son datos presentados recientemente por el presidente del Consejo Económico y Social, Jaime Montalvo. El responsable de este órgano consultivo del Gobierno consideró "sorprendente el comportamiento del sector público en lo que atañe a contratación temporal". Paralelamente a estos procesos, el Ejecutivo impulsará la redacción del Estatuto de la función pública, un documento que definirá la labor de los funcionarios y cuya redacción lleva años empantanada. Todas esas negociaciones se abordarán en la mesa de la función pública, donde están representados la Administración y los sindicatos.