¿Un Estado aconfesional? La democracia española no puede seguir subordinada a la injerencia de la jerarquía católica

El Periódico 3 de agosto 2004

Carlos Jiménez Villarejo. Exfiscal Anticorrupción



Desde hace unas semanas la jerarquía de la Iglesia católica ha vuelto a la ofensiva, que por ahora ha culminado en la catedral de Santiago, ante las iniciativas del Gobierno en materia de enseñanza de la Religión católica, de los matrimonios de personas del mismo sexo y de la ampliación de los supuestos del aborto voluntario. Una vez más, aprovechándose de su posición de poder y de las ventajas obtenidas bajo el Gobierno del PP, pretende discutir y dificultar la construcción de una sociedad democrática, abierta y plural, bajo los principios del laicismo. Sociedad en la que deben tener cabida todos los ciudadanos, creyentes o no, bajo la inspiración de los valores éticos y constitucionales.



Es una óptima ocasión para plantear que ha llegado el momento, más allá de oportunismos políticos, de denunciar los acuerdos Iglesia-Estado. La Constitución proclamó la libertad religiosa y de culto, estableció que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" y fijó un marco de "cooperación" entre el Estado y las diversas confesiones. Sin embargo, parece que siga rigiendo el Concordato de 1953.



El acuerdo de 1976, aún vigente, afirma que el Estado español reconoció (haciendo referencia a la ley de libertad religiosa de 1967) que "debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la religión católica", términos radicalmente incompatibles con el planteamiento constitucional. Los acuerdos sobre enseñanza de 1979 fueron firmados cuando la Constitución acababa de entrar en vigor, pero negociados antes bajo la presión de una jerarquía ávida de conservar sus privilegios.



EN ELLOS, el Estado admite que los centros educativos públicos estén sometidos a los dictados de la jerarquía católica en cuanto se refiere al nombramiento y remoción de los profesores de religión católica y a los contenidos de esa materia, que no podrán revisarse por la autoridades académicas. Profesores que tienen como empleador a la Administración educativa. Pues bien, pese a ello, según una orden del Ministerio de Educación de 1999, es necesario que los profesores de religión católica "se encuentren en posesión de la declaración eclesiástica de idoneidad de la Conferencia Episcopal Española", norma que forma parte por tanto del ordenamiento jurídico de un Estado que pretende ser aconfesional. Además, no se olvide, dichos profesores son pagados con fondos públicos y, por tanto, todos los ciudadanos, cualquiera que sea su posición ante dicha confesión, contribuyen a financiar, quieran o no, las actividades de la Iglesia católica.



La cuestión merece un breve análisis. La jerarquía, no hace mucho tiempo, despidió a una profesora de religión con este argumento: "Mantiene una relación afectiva con un hombre distinto a su esposo, del que ya está legalmente separada, estando en pecado". Despido que motivó el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad de los acuerdos con la Iglesia por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Cuál fue el fundamento de dicho despido? Pues la aplicación a una relación laboral de los criterios del Código de Derecho Canónico aprobado por el Papa el 25 de enero de 1983, código que, además de carecer de legitimidad democrática, no forma parte del ordenamiento español.



Pero resulta inconcebible que los criterios para regular esa relación laboral estén previstos en los cánones de dicho código. Así, según el canon 804, esos profesores están bajo la tutela de los obispos y debe exigírseles "una recta doctrina, el testimonio de la vida cristiana y una aptitud pedagógica". En esa misma dirección, el canon 805 autoriza a los obispos para removerlos "por razón de religión o moral". Constituye una flagrante injerencia de la jerarquía en los asuntos públicos. Pero, sobre todo, una violación de derechos fundamentales de los profesores, como el derecho a la intimidad, que el Estado continua consintiendo. No puede sostenerse por más tiempo que la Iglesia católica continúe presente en los centros públicos cuando está haciendo una rigurosa aplicación en su función de enseñar de los criterios fijados en el canon 747 del código. Lo que ha llevado al Tribunal de Canarias a afirmar que la enseñanza impartida por la Iglesia "irá dirigida a un aprendizaje tanto del depósito de la fe como de la doctrina del Sumo Pontífice y del Colegio de los Obispos".



LA POSICIÓN del Estado en esta materia no es la propia de quien, desde la soberanía, pacta con otro poder. El Estado, más que colaborar con la Conferencia Episcopal, está subordinado a ella. La injerencia había alcanzado su máxima expresión bajo el Gobierno del PP al conseguir que la asignatura de religión católica fuese evaluable para superar curso, obtener becas... Ciertamente, el Gobierno ha adoptado medidas frente a los excesos de la ley de calidad de la educación. Pero debe avanzarse hacia la renegociación de los acuerdos como forma de hacer realidad lo que es una exigencia constitucional, la neutralidad religiosa del Estado, que se hace más urgente cuando crece la pluralidad religiosa de la sociedad española. El respeto que todas las confesiones merecen es perfectamente compatible con la exigencia de que, como acaba de plantear el Consejo Escolar del Estado, la educación religiosa sea excluida de la escuela pública y laica.

Del periódico Le Monde Diplomatique

De: http://www.redfeminista.org/Noticia.asp?ID=845

LAS ONG CATÓLICAS CONFESIONALES COPAN LAS SUBVENCIONES DEL ESTADO

1ª Parte

Le Monde Diplomatique

La Iglesia católica española recibe del Estado para su mantenimiento 23.000 millones de pesetas anuales (casi 140 millones de euros), el Gobierno paga los salarios de los profesores de Religión en las escuelas, de los curas castrenses y penitenciarios, los gastos más importantes dedicados al culto; ha eximido a la Iglesia de los principales impuestos hasta hacerla vivir en un auténtico paraíso fiscal...Pero además, ha posibilitado otra vía de financiación al dejar que muchas congregaciones, fundaciones e institutos se transformen en ONG, hasta recibir al año más de 15.000 millones de pesetas en concepto de "solidaridad" y "ayuda al desarrollo".


En el número nueve de la plaza Vara del Rey, un gran cartel de letras amarillas anuncia: "Mensajeros de la Paz. Teléfono Dorado". Esta organización comparte el inmueble, cedido por el ayuntamiento, con la asociación antiabortista Pro Vida. La entrada está decorada con imágenes religiosas y con la fotografía de su fundador, el sacerdote Ángel García Rodríguez. En el primer piso, Ana Botella Serrano, presidenta de Honor internacional, dispone de un despacho "simbólico" que es utilizado siempre que la esposa del presidente del Gobierno se desplaza a la sede para atender las llamadas telefónicas de personas mayores y realizar su personal "apostolado", su actividad social así definida por quienes la conocen.

Fundada en 1972 por el padre Ángel, como todos le llaman, la Asociación Mensajeros de la Paz es institucionalmente, según el Directorio ONGD 2000 de la Coordinadora de ONGD de España, "una organización de carácter laico progresista". Sin duda se trata de una contradicción más de este tiempo que nos ha tocado vivir, en el que las palabras a veces adquieren extraños y complejos significados. Mensajeros de la Paz es una "organización laica" presidida por un sacerdote de la vieja guardia cuyo despacho está presidido por una talla en madera de la Virgen María adornada con flores de plástico. Una "organización no gubernamental" que, sin embargo, está estrechamente vinculada a la derecha en el poder, y al Partido Popular gobernante. Por ejemplo, María Eulalia Miró, esposa del alcalde de Madrid, el popular Álvarez del Manzano, es la presidenta de Mensajeros de la Paz en Madrid.

El propio padre Ángel ha declarado al respecto: "No puedo decir que sea confesional o apolítico. Nosotros no preguntamos a la gente de qué religión es, pero tampoco le decimos que no sea católica. Nosotros somos del Gobierno español, esté quien esté".

Tiempos difíciles, sin duda, para los analistas y los estudiosos, pero magníficos para la retórica. Se puede proclamar el "apoliticismo" mientras se dispone de un representante como Ricardo de León Egües, personaje a la sombra de Ana Botella, que ha sabido ocuparse al mismo tiempo de la representación de la representación legal de Mensajeros de la Paz y de la Fundación Humanismo y Democracia, creada a instancias del Partido Popular, presidida por Javier Rupérez, y que contó en sus filas con José María Aznar hasta 1996.

A propuesta del PP, Ricardo de León Egües había sido, entre 1991 y 1995, consejero del Gobierno autónomo de Navarra. Otro de los patronos de la Fundación Humanismo y Democracia, el que fuera eurodiputado popular, Luis Vega Escandón, está vinculado a la organización del padre Ángel desde finales del franquismo, cuando Mensajeros contaba entre sus socios con la todavía estudiante de Derecho, Ana Botella, que comenzó a colaborar con esta organización en 1974. Con la llegada del PP al poder, ella se convirtió en la presidenta de honor de un grupo reducido de 31 personas que dirigen más de cuatrocientos voluntarios y disponen de 13.104 colaboradores y donantes en España y América Latina.

Creador de un auténtico holding, el padre Ángel se dedica a la atención de la infancia y la familia, las personas mayores y la promoción del voluntariado. Para tales fines, maneja anualmente un presupuesto que ronda los mil millones de pesetas; del cual el 66% procede de subvenciones de Asuntos Sociales, comunidades autónomas, ayuntamientos y otros organismos públicos. En su expansión, el padre Ángel diversifica su ONG fundando en 1996 la Asociación Edad Dorada-Mensajeros de la Paz, una organización proyectada hacia países en vías de desarrollo. En la actualidad, Mensajeros de la Paz gestiona más de sesenta residencias de la tercera edad, numerosos pisos tutelados y casas de acogida para mujeres maltratadas en toda España.

La organización del padre Ángel auspicia también la Fundación Teléfono Dorado, creada en agosto de 1998, que explota un servicio telefónico que ha recibido más de tres millones y medio de llamadas "para paliar la soledad de las personas mayores".
Además, tiene un Teléfono de la Solidaridad, una línea comercial del 906 cuyo lema es "Llama y te sentirás reconfortado y solidario". Al hacerlo, se escucha la voz grabada del padre Ángel leyendo un fragmento de la Biblia.

¿Reconfortante y solidario?

La página web de Edad Dorada-Mensajeros de la Paz ofrece una "Lectura ininterrumpida de las Sagradas Escrituras" y propone a los internautas: "Si necesitas apoyo espiritual, mándanos tu mensaje". Por lo visto, una cosa es declararse independiente y progresista, y otra muy distinta ser aconfesional. Porque, además, Mensajeros de la Paz mantiene vinculaciones con la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) y dispone de excelentes relaciones con destacados miembros de la Conferencia Episcopal, como el cardenal Suquía.

Los "otros fines" de la Iglesia

De todo el dinero recaudado anualmente por el 0,52 del IRPF para "otros fines de interés social", el 80% lo distribuye el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para programas de acción social. El restante 20% lo entrega el ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), para proyectos de cooperación destinados a países en vías de desarrollo. Durante 2002, al mismo tiempo que los presupuestos del estado destinan 133,3 millones de euros (22.181 millones de pesetas) al mantenimiento de la Iglesia Católica, el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales repartirá 114,9 millones de euros (19.000 millones de pesetas) entre las organizaciones que, en la presente edición, han presentado programas sobre exclusión social, la formación en Internet a colectivos desfavorecidos, la prevención de la violencia de género entre inmigrantes; las personas mayores, los discapacitados, drogodependientes y a los colectivos de infancia y familias; un sector considerado por Trabajo y Asuntos Sociales como "un elemento insustituible de una política social que ofrezca cada día más y mejores servicios a los sectores de la sociedad más deficitarios".


En 2001, el Estado repartió 15.200 millones de pesetas entre 331 asociaciones y sus 852 programas, con una presencia importante –como en ediciones anteriores- de organizaciones relacionadas con la Iglesia. En el ejercicio fiscal de 2000, fueron 16.000 los millones de pesetas entregados para financiar los programas sociales de 346 ONG.


El número de organizaciones subvencionadas anualmente ha ascendido desde las 190 en 1993 hasta las 335 en 1998. Desde entonces, el número de beneficiarias ha girado siempre en torno a esa cifra. También se ha duplicado el volumen económico empleado en esta partida. Si en 1989 fueron 7.625,5 millones de pesetas; nueve años más tarde superaron los 14.900 millones y fueron subvencionados 335 entidades.


La utilización de este dinero y su supuesta gestión poco transparente, ha despertado no pocas sospechas. Por ello, cuando el 31 de julio de 2001, en plena ebullición del caso Gescartera, el entonces ministro Juan Carlos Aparicio fue preguntado por las inversiones que habían realizado 30 congregaciones eclesiásticas y algunas ONG católicas –como Manos Unidas- en esa agencia de valores, el ministro afirmó: "La preocupación del ministerio es que las subvenciones se apliquen al fin previsto y con el rendimiento y eficacia social debida". Pero inmediatamente añadió, como quien desea quitar hierro al asunto: "Les recuerdo que hay cinco millones de familias que invierten en Bolsa por lo que no debería sorprender que estas organizaciones también lo hagan, y lo que se debería procurar es que esa inversión no la hiciera con el dinero de las subvenciones". ¿Se debería procurar? ¿No es esa, precisamente, una de las obligaciones del ministro? Las joyas del episcopado A lo largo de los últimos años, la acción social ha experimentado un gran auge en nuestro país. Es un sector en alza. Las veinte organizaciones (se subrayan las vinculadas a la Iglesia) que más dinero recibieron por este concepto durante el 2001 fueron: Cruz Roja, con 2.810 millones de pesetas y Cáritas con 1.438 millones; seguidas desde lejos por la Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Retraso Mental (471 millones), la Fundación Juan Ciudad (277 millones), la Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (414), la Unión Española de Asociaciones y Entidades de atención al drogodependiente (290 millones), las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (277 millones), la Asociación Proyecto Hombre (276 millones), la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (186 millones), la Fundación Catalana de L”Esplai (172 millones) y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (170 millones).

Ante el talante católico y conservador de las principales organizaciones subvencionadas, el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tuvo que manifestar, explícitamente, que en el reparto de los fondos nunva se había valorado la adscripción confesional de las ONG. Sin embargo, podría decirse que las organizaciones católicas copan el mercado de la solidaridad asistencial. De ellas, las dos más importantes, Cáritas y Manos Unidas, dependen administrativamente de la Conferencia Episcopal, los obispos responsables de las comisiones episcopales se sientan en sus órganos directivos. El Episcopado paga los sueldos, controla la organización del personal, los nombramientos y las condiciones generales de actuación. Es cierto que ambas ONG disponen de autonomía para elaborar sus programas de acción social y de solidaridad con los países en vías de desarrollo, pero el Episcopado controla totalmente ambas organizaciones. Solamente Cáritas Española invierte anualmente 25.877 millones de pesetas y mantiene 67 delegaciones diocesanas y diez autonómicas. El 30% de este presupuesto procede, según datos de la propia organización, de subvenciones públicas. Manos Unidas, centrada en el tercer mundo y en actividades de urgencia ante guerras y otras hecatombes, posee unos ingresos anuales cifrados en 7.569 millones de pesetas en 2000; de los cuales, el dinero público alcanza los 5.941 millones de pesetas.


Dado su volumen y su capacidad instrumental, el control y dirección de ambas organizaciones es una cuestión prioritaria para la Conferencia Episcopal. Por tal motivo, en plena campaña contra la secularización en el seno de la Iglesia, mientras elaboraba su "Plan Pastoral 2002-2005 Una Iglesia esperanzada. Mar adentro, el episcopado no tuvo reparos en sacrificar a la presidenta de Manos Unidas, Consuelo Lobo, y a su equipo directivo, después de una ofensiva que culminó, el 24 de julio de 2000, con la dimisión irrevocable de la presidenta. A los obispos no les gustaba la línea de compromiso social impulsada por Consuelo Lobo. Antes, el 25 de mayo, tres vicepresidentas y el tesorero también habían presentado su dimisión después de que la Conferencia Episcopal desautorizara una decisión de la asamblea de Manos Unidas y no aceptara que personal contratado tuviera responsabilidades en la gestión. Días más tarde, en una cena con periodistas de información religiosa, el secretario general Juan José Asenjo, explicó: "Si los contratados, unos ochenta, se marchasen ahora, la organización se colapsaría. Es cierto, pero queremos que los cargos de gobierno sean de voluntarios. Hay una tendencia a la secularización en este tipo de organizaciones".



Si en 1997, Consuelo Lobo no fue la candidata de los obispos y venció a la candidata episcopal, Eva Gómez Pina, tras una cuestión de procedimiento, en 2000, la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar culminó su acoso a Lobo con el veto a cinco de las once candidatas a la presidencia de la organización, propuestas por las distintas delegaciones y que representaba a la línea "social". Según una nota pública de Manos Unidas, este "veto" se produjo "sin justificación aparente alguna" y la Conferencia Episcopal decidía así elegir entre las seis personas más acordes con su línea e imponer a su candidata Ana Álvarez de Lara, aunque, en la asamblea del 27 de julio de 2000, las abstenciones (31) superaron a los votos (24) y diez delegaciones dimitieron.


¿Qué línea es esa? Simplemente la aplicación de la doctrina del Episcopado presidido por Rouco, contenida de manera cristalina en el punto 55, dedicado a la caridad, el Plan Pastoral "Mar adentro": "Cáritas, Manos Unidas y otras gozan de prestigio social y son un instrumento eficaz para que los católicos y las personas de buena voluntad presten ayuda a los necesitados aquí y en el Tercer Mundo. Además, otros muchos católicos colaboran como voluntarios en diversas organizaciones de ayuda al desarrollo y promoción social, dice el documento antes de explicar su política con estas palabras: "Progresando en este espíritu, tenemos que actuar de tal manera que los pobres, en cada comunidad cristiana, se sientan como en su casa. El cristiano ha de descubrir particularmente en los necesitados el rostro de Cristo y ha de estar atento a todas las pobrezas, además de las materiales". Y a continuación, advierte: "Si no cuidáramos estas dimensiones profundas en la formación de nuestros voluntariados y en la sensibilidad de los técnicos que trabajan en nuestros servicios sociales, la caridad cristiana quedaría reducida a un humanismo filantrópico y nuestras comunidades cristianas a agencias sociales".

Para concretar, se trata de que esta ONG de ayuda al desarrollo sufrague proyectos evangelizadores y formación doctrinal católica. Para los dirigentes de la Conferencia Episcopal, Manos Unidas tiene la obligación central de evangelizar por encima del compromiso social. Ya en 1994, el episcopado había intentado, sin éxito, que esta organización dedicara parte de su presupuesto a "proyectos pastorales". Ahora, la crisis se gestaba por los "continuos desacuerdos entre un sector mayoritario de Manos Unidas y la Conferencia Episcopal", según una nota de la propia organización. La nueva presidenta, Ana Álvarez de Lara, lo dejó muy claro en su toma de posesión: criticó firmemente "la excesiva profesionalización" de Manos Unidas, y definió a la ONG como una "asociación de fieles cristianos unidos por el único motivo del compromiso cristiano de ayuda a los países más desfavorecidos".

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LAS ONG CATÓLICAS CONFESIONALES COPAN LAS SUBVENCIONES DEL ESTADO (II)

2ª parte

II parte : El ranking de las ONG católicas

Si Mensajeros de la Paz es aceptada institucionalmente como una asociación laica, aconfesional y progresista, resulta evidente que la identidad y valores que se encuentran detrás de estas mismas palabras no siempre responden a idénticos significados. La dificultad que entraña realizar una relación de las organizaciones católicas de facto a partir de sus declaraciones estatutarias e institucionales, resulta apabullante. Valgo como ejemplo, el caso de Solidarios para el Desarrollo, una ONG fundada y presidida por el catedrático de Pensamiento Político de la universidad Complutense José Carlos García Fajardo, un docente próximo al Opus Dei famoso por las diatribas confesionales a las que sometía a los sufridos alumnos de la facultad de Periodismo, quienes veían sus clases convertidas en charlas sobre Cristo, al amparo de la libertad de cátedra. García Fajardo era asesor de imagen del PP cuando, en 1991, fundó su ONG con algunos de sus alumnos, seleccionados escrupulosamente tras sucesivas "jornadas de reflexión" en sus retiros espirituales de Los Molinos (Segovia).


Solidarios para el Desarrollo cuenta con las simpatías personales y prácticas de Ana Botella. García Fajardo y la esposa del presidente del Gobierno comparten también su colaboración con la ONG Horizontes Abiertos, dirigida por el jesuita Jaime Garralda Barreto, y dedicada a la reinserción de presos.

Si Solidarios para el Desarrollo está catalogada institucionalmente como una "asociación de carácter laico vinculada al mundo universitario", ¿cómo desvelar su confesionalidad? Si este mismo eufemismo recorre el mundo de las organizaciones no gubernamentales, ¿cómo deslindar las que, en su práctica cotidiana, se mueven en los parámetros católicos? Para que el lector se haga una idea de la dimensión del asunto, a continuación se citan algunas de las instituciones católicas reconvertidas en ONG que subvenciona Trabajo y Asuntos Sociales:

Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad,

Carmelitas Misioneras,

Hijas de la Caridad,

Centros Juveniles Don Bosco,

Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús,

Hermanas Carmelitas de la Caridad, Pequeña Obra de la Divina Providencia,

Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa,

Hermanas de la Caridad de Santa Ana,

Hermanitas de Ancianos Desamparados,

Franciscanos de la Cruz Blanca,

Hijas de Santa María de la Providencia,

Inspectoría Salesianos Santiago el Mayor,

Juventud Obrera Cristina de España,

Juventudes Marianas Vicencianas,

Mercedarios Provincia de Castilla,

Religiosos Camilos,

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

y la Sociedad de San Vicente Paúl.





Un “boom” católico para el desarrollo

En 1982, diez organizaciones constituyeron la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para la cooperación al desarrollo (CONGDE). Al cabo de diez años eran ya setenta, en el 2002 la CONGDE está compuesta por 101 y diez coordinadoras autonómicas, casi la mitad de las 253 ONG para el desarrollo actúan en España, si bien muchas de ellas también se dedican a la acción social. En 1985, bajo el gobierno del PSOE, fue creada la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), y con ella las organizaciones de ayuda al desarrollo recibieron un impulso financiero y organizativo sin precedentes. En 1992, el Estado destinó 2.740 millones de pesetas a este sector. Fue el comienzo de un auténtico “boom” solidario.



Desde 1998, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) dirigida por el Secretario de Estado, Miguel Angel Cortés, la SECIPI ha distribuido miles de millones de pesetas que, en su mayoría, han ido a parar a organizaciones vinculadas directamente a la Iglesia católica o con un talante claramente conservador, entre las que se incluyen las fundaciones del Partido Popular Canovas del Castillo y Humanismo y Democracia, de abierta moral cristiana. Ese año, el hit parade de organizaciones confesionales subvencionadas resulta elocuente. El primer lugar lo ocupó la Fundación para la promoción Social de la Cultura, entidad católica conservadora, con 470 millones de pesetas; seguida, con 413 millones, por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), que agrupa a todos los centros educativos dependientes de congregaciones eclesiásticas. En tercer lugar, con 353 millones, está Codespa, vinculada al Opus Dei. Tras Cruz Roja (338 millones) e Intermón (340 millones), aparece en sexta posición Fe y Alegría, con 334 millones, Jóvenes Tercer Mundo (323), Manos Unidas (266), Cáritas (249) y la Federación Española de Religiosos Sociosanitarios (181).

A mediados de 2001, las relaciones entre el Gobierno y la CONGDE conocieron su última crisis al perpetuarse una manera "confesional" de repartir las subvenciones. Los hechos, ha fuerza de repetirse, resultan testarudos. Durante el cuatrienio 2001-2004, las siete ONGD que recibirán mayor subvención de la SECIPI dirigida por Cortés son:


Cruz Roja (663.804.000 pesetas), Cáritas (592.337.000), Intermón (549.989.000), Codespa (548.451.000), Promoción Social de la Cultura (546.196.000), Solidaridad Internacional (520.050.000) y Ayuda en Acción (501.902.000). En total casi 4.000 millones de pesetas que se reparten, en su mayoría, entre organizaciones de talante conservador y confesional. Además, en los últimos años, tanto Codespa como la católica Promoción Social de la Cultura han experimentado un portentoso crecimiento al calor de estas subvenciones gubernamentales destinadas a "estrategias de desarrollo".



Además de los 23.000 millones de pesetas que la Iglesia católica española recibe del Gobierno a través de los Presupuestos Generales, la conversión de sus principales instituciones, órdenes, congregaciones, fundaciones e institutos católicos en Organizaciones No Gubernamentales de acción social y de ayuda al desarrollo, ha abierto una nueva vía de financiación de la Iglesia católica cuyo último fin es la "evangelización" y la catequesis. Una vez más, los asuntos del alma, pero a cargo de todos los ciudadanos, en un país en donde apenas el 28% se declara católico y, según cifras de la Conferencia Episcopal, siete millones de españoles asisten a misa los domingos. Entre ellos, el presidente del Gobierno, naturalmente. Tiempos seculares, sin duda.


Mariano Sánchez Soler
Le Monde Diplomatique