Pensamiento - Contra la misoginia y el machismo

Ver también: Activismo - Feminismo - Contra la violación

Crímenes de lesa humanidad contra las mujeres de Colombia

La violación y la tortura a mujeres se han convertido en una práctica recurrente de los actores del conflicto armado, especialmente en la ciudad. La concertación nacional de Mujeres Contra la Guerra quiere expresar su indignación y hacer evidentes los crímenes de Lesa Humanidad que los diferentes actores armados vienen cometiendo contra las mujeres en medio del conflicto armado que vive Colombia, y específicamente denunciar la violación sexual sistemática de mujeres en diversas zonas de la ciudad de Medellín.

Hace dos semanas, en la semana del 25 de noviembre día en el que se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia Contra las Mujeres una joven reconocida como defensora de los derechos humanos de las mujeres e integrante de una organización de mujeres que trabaja por la paz y por el tratamiento negociado del conflicto armado fue abusada sexualmente por varios miembros de la Autodefensas Unidas de Colombia que, no contentos con cometer la violación y torturarla, la marcaron dejando en su piel, como señal indeleble, las tres letras de su organización AUC. Esta joven fue sistemáticamente torturada durante más de una hora, haciéndole cortadas en sus piernas, senos y labios y quemándola con cigarrillo en varias partes de su cuerpo. Después de los atroces hechos este grupo amenazó a la joven de darle muerte al igual que a su familia si denunciaba, exigiéndole quedarse encerrada en su casa y no volver a transitar por el barrio ni hablar con nadie. Este ultraje sin precedentes ha conmocionado al movimiento de mujeres del país que dada las circunstancias denunciará los crímenes de Lesa Humanidad que se vienen cometiendo contra las mujeres de toda la geografía nacional y específicamente en Medellín, los cuales han sido denunciados ante la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

Las mujeres de Colombia buscamos la solidaridad de la sociedad, de los movimientos de mujeres y a los movimientos sociales y políticos del ámbito nacional e internacional porque no podemos seguir callando ante la impunidad y la invisibilidad de estos crímenes de Lesa Humanidad que se siguen proliferando a diario en Colombia.

La II conferencia Mundial de los Derechos Humanos (Viena, 1993) y diversas conferencias, convenios y declaraciones de las Naciones Unidas han enfatizado que los derechos humanos de las mujeres son parte de los derechos humanos, y cómo la violencia contra las mujeres es una grave violación de los Derechos Humanos. Así mismo en los Convenios de Ginebra, normas internacionales que rigen los conflictos armados se afirma que "Las mujeres serán especialmente protegidas... contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor". La violación es un crimen de lesa humanidad, es un acto de tortura, y está claramente prohibida por las normas que rigen los conflictos bélicos y las normas internacionales de derechos humanos. Según el último Informe de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las mujeres (1997-2000) (50 pp), presentado por la relatora especial Radhika Coomaraswamy, publicado el 23 de enero de 2001, existe un desfase entre el reconocimiento por parte de la comunidad internacional y la voluntad política de los Estados Miembros para aplicar el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos.

La violación no es un accidente de la guerra y es un delito tan grave como la tortura y la esclavitud. La violación de las mujeres es un crimen de lesa humanidad, ya sea que se cometa en tiempos de paz o de guerra. En tiempo de guerra la violación se incrementa, porque es utilizada como arma y los cuerpos de las mujeres se convierten en botín de guerra para todos los actores armados, en muchos casos con el fin de humillar al contrario. Actualmente según las normas internacionales se puede enumerar como crímenes de lesa humanidad cometidos contra las mujeres: la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y cualquier otra violencia sexual de gravedad comparable.

Desafortunadamente en Colombia en medio de la degradación de las acciones de los diversos actores armados se ha incrementado escandalosamente el número de violación de mujeres, así como las diversas violencias. Estos crímenes permanecen invisibles en medio de la confrontación diaria entre los diversos actores armados que produce muertes, desplazamientos y otros efectos sobre todo para la población civil.

En 1998, las mujeres denunciamos la violación cometida por varios soldados contra mujeres indígenas de la zona de Urabá. Este caso fue documentado y puesto en manos de las autoridades competentes. Cuando un soldado viola a una mujer, esa violación no es un acto privado de violencia, sino un acto de tortura y un crimen de los cuales es responsable el Estado. Cuando en nuestro país el gobierno no ha investigado ni castigado este tipo de violencia cometido por sus fuerzas armadas, se han sentado precedentes que incentivan la impunidad y se ha propiciado que la violación se convierta en un arma de guerra y se haya generalizado como acto cometido por los diversos actores armados.

En Colombia, según estimativos de los organismos encargados, sólo el 10% de las violaciones son denunciadas porque las mujeres tienen mucho miedo y les da vergüenza hacer público lo que les han hecho. Algunas borran la experiencia de su memoria consciente porque rememorar el trauma les causa un dolor insoportable. El precio que pagan las mujeres va desde el daño psicológico que dura toda la vida; graves lesiones físicas; embarazo, enfermedad, hasta la muerte. Además del miedo que sienten las mujeres violadas por posibles retaliaciones de parte de los agresores en caso de que sean denunciados, existe en las mujeres una desconfianza creciente en los organismos estatales para denunciar, las mujeres de los barrios saben de la complicidad por acción u omisión, en algunos casos, de la policía con paramilitares y/o con las bandas que han sido cooptadas por aquellos grupos armados. Según información de personas del Instituto de Medicina Legal de Medellín, por lo menos 4 mujeres son asesinadas diariamente en la ciudad, dos de las cuales son además violadas; ocurren 16 violaciones sexuales diarias, sólo 4 son denunciadas y sólo una llega a ser judicializada. Durante los primeros 10 meses del año 2002, habían sido denunciados 656 casos de violación. Aquí sólo podemos sacar estimativos, teniendo en cuenta que sólo un pequeño porcentaje de mujeres violadas se atreven a denunciar este crimen.

En Medellín vienen siendo más afectadas por este crimen las mujeres y las niñas que viven en los territorios en disputa, pues en medio de la paranoia que genera la guerra, fácilmente se les acusa de tener relaciones afectivas o familiares con alguno de los actores armados. Además llama la atención que para estos actores la organización de las mujeres sea vista como amenazante, cuando realmente están fortaleciendo la sociedad civil y fortaleciendo los tejidos comunitarios. Se les viene acusando a ellas y a sus organizaciones de ser mamparas de la guerrilla o de tener que ver con el bando contrario de cada uno de los diversos actores armados. Un ejemplo de lo anterior es lo sucedido con detención y persecución de 4 mujeres de la organización comunitaria AMI ubicada en la comuna 13 de la ciudad de Medellín, organización que se ha atrevido a denunciar los delitos cometidos por los diversos grupos armados, las desapariciones en la zona, así como los excesos cometidos por la fuerza pública en la operación "Orion", las mujeres fueron liberadas pero este caso que aún no termina de cerrarse, pero posteriormente han sido víctimas de allanamientos y hostigamientos. Durante el año 2002 en sólo la comuna 13 se ha producido el desplazamiento de aproximadamente 500 familias.

Esto nos muestra como el vivir en una zona en guerra, con ausencia del Estado y con dominio de actores armados ilegales, ha convertido a las mujeres y a sus organizaciones pacifistas en objeto de señalamiento y detención por parte de los organismos de seguridad del Estado.

Además de lo anterior, los actores armados esclavizan las mujeres en campos y ciudades obligándolas y amenazándolas a prestarles diversos servicios como cocinarles, lavarles ropa, transportarles armas, cocerles, etc., en concreto esto ha sucedido con las milicias y sigue sucediendo en la Comuna 13 de Medellín, actualmente por parte de los grupos paramilitares quienes han copado la zona en la medida se han retirado las fuerzas legales del Estado. También en muchos sectores de la ciudad, controlados por uno u otro actor se imponen "toques de queda", amenazando con matar a los hombres que vulneren estas prohibiciones y si es una mujer quien está en la calle luego de la hora señalada, la violan. Estas medidas han ocasionado que algunas mujeres jóvenes y adultas que estudian en establecimientos nocturnos tengan que retirarse de estudiar porque no se pueden movilizar después de determinadas horas de la noche. Hemos podido constatar además que las mujeres desplazadas son más vulnerables a las agresiones y violaciones sexuales, así como para ser inducidas y/o forzadas a la prostitución, debido a la particular desprotección social psicológica y económica. Así mismo en diversas zonas del país las trabajadoras sexuales vienen siendo convertidas en blanco del conflicto pues son utilizadas por diversos actores armados quienes después las asesinan, un ejemplo de esto es el departamento de Arauca donde a diario suceden este tipo de crímenes.

Hacemos un llamado a los medios de comunicación y a las diversas autoridades a hacer un manejo serio y responsable de este tipo de casos porque de lo contrario están en riesgo la vida y el cuerpo de las mujeres.

A los diversos actores armados queremos hacerles caer en cuenta que cuando violan, esclavizan o someten a trabajos forzados a las mujeres, es como sí cometieran estos crímenes contra sus madres, hijas, hermanas, novias, esposas o compañeras y al mismo tiempo están alentando estos delitos. Estos crímenes configuran graves infracciones contra del Derecho Internacional Humanitario que protege de manera especial a las mujeres, niñas y niños en el marco de los conflictos armados.

Reiteramos que es responsabilidad del Estado la seguridad y la vida de las mujeres de las organizaciones sociales y comunitarias las cuales están actualmente en grave riesgo, para lo cual solicitamos protección y acciones ejemplares para que todos los actores armados tengan claro que este tipo de delitos son crímenes de Lesa Humanidad. Exigimos al Estado investigar y sancionar a los responsables, y la reparación a las víctimas de estos crímenes que permitan colocar un límite y erradicar este tipo de atrocidades. ¡Las mujeres no somos botín de guerra, ¡exigimos verdad, justicia y reparación!

Artículo escrito en diciembre de 2002 por los siguientes grupos:
Iniciativa de Mujeres por la Paz
Organización Femenina Popular
Mesa Nacional de Concertación
Red Nacional de Mujeres
Ruta Pacífica de las Mujeres