Análisis del Acuerdo General de Comercio de Servicios que pretende privatizar los servicios públicos en todo el mundo

El peligroso secretismo de la OMC

La Organización Mundial del Comercio (OMC) nació en 1995 como continuación del GATT, la ronda de conversaciones que se propuso eliminar las barreras arancelarias en el comercio internacional. Pero la OMC ha pasado de reducir obstáculos arancelarios a promover normas de obligado cumplimiento para eliminar lo que de forma eufemística denominan “barreras no tarifarias del comercio”. En lenguaje claro y diáfano: suprimir las leyes y normas sociales, de protección medioambiental, de seguridad de los alimentos, de protección del consumidor, de salud pública y casi todas las garantías laborales. Libertad de comercio.

Esa forma de entender la 'libertad' impulsó a finales del siglo XIX a Gran Bretaña y Francia a atacar puertos chinos con buques de guerra y tropas de desembarco porque el Gobierno de China Imperial pretendía impedir que vendieran opio a sus súbditos porque ese estupefaciente se había convertido en un problema de salud nacional.

En nombre de esa libertad de comercio, en los arcanos de la OMC se negocia desde hace un par de años el Acuerdo General de Comercio de Servicios 2000 (AGCS), cuyo objetivo es la privatización de todos los servicios públicos en todo el mundo, salvo policía, ejército, justicia y Banco Central. Servicios como educación, sanidad, seguridad social, gestión de residuos, protección del medio ambiente... En aplicación del AGCS, algunos servicios públicos ya han sido privatizados total o parcialmente en muchos países como el suministro de agua potable, las telecomunicaciones y buena parte del transporte público. El AGCS, además, obliga a los Gobiernos a suprimir o modificar leyes y normas que regulen y financien los servicios esenciales y también a recortar presupuestos gubernamentales para obras públicas y programas sociales.

Los documentos de la OMC, al referirse al AGCS, evitan cuidadosamente definir qué es servicio público porque la indefinición es la clave de todas las arbitrariedades y puerta abierta para permitir el saqueo.

Que la OMC no tiene buenas intenciones lo muestra que las negociaciones se desarrollan en el más absoluto de los secretos, a espaldas de los ciudadanos y de los parlamentos, pero curiosamente no de las multinacionales y corporaciones. Ni comunicados ni ruedas de prensa. Pascal Lamy, comisario de la Unión Europea, justifica esa clandestinidad en aras de ‘la limpieza del proceso’. Es mentira. En democracia, la mayor limpieza la garantizan transparencia, luz y taquígrafos.

La razón auténtica de la negociación del AGCS es que el mercado de servicios es un negocio de un volumen inmenso: 50% de la economía mundial. La sanidad mueve 5,3 billones de dólares anuales; la educación, 2 billones y el agua, 1 billón. ¿Cómo van a dejar escapar esa bicoca los amos de la Tierra?

El AGCS continúa hacia adelante, a pesar de que las privatizaciones de servicios públicos realizadas hasta la fecha han aportado un empeoramiento de la calidad de servicio, el aumento de precios, las agresiones contra el medio ambiente y los despidos masivos para asegurar mayores beneficios. El caso más reciente de pérdida de calidad de servicio ha sido el de los ferrocarriles británicos que el Gobierno del neoliberal camuflado de laborista Toni Blair se ha visto obligado a retornar al Estado después de pérdidas económicas, numerosos accidentes y muchas muertes en accidentes. El aumento de precios ha despojado a millones de ciudadanos de derechos sociales que los servicios públicos aseguran, contribuyendo a aumentar la desigualdad. Pero parece dar igual, porque siempre les queda la limosna y la beneficencia.

El AGCS responde a uno de los más queridos dogmas neoliberales: El Estado funciona mal, pero el mercado siempre funciona bien. Ese dogma es el motor de la conducta chantajista del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que han condicionado ayudas financieras a países del Sur a la privatización de servicios públicos, puestos al alcance de la voracidad de corporaciones transnacionales. El auténtico espíritu del AGCS lo ha manifestado un director-ejecutivo de Columbia/HCA, la mayor corporación hospitalaria privada del mundo, que ha proclamado que la salud es un negocio como la construcción de aviones y ha jurado que hará desaparecer todos los hospitales públicos de EEUU. En esa misma línea altruista, las macroempresas de distribución de agua, Vivendi y Suez Lyonnaise des Eaux, han obligado a gobiernos de países pobres o en desarrollo a privatizar sus servicios de agua con la inestimable ayuda del BM.

El espíritu que anima a la OMC y al AGCS engendrado por ella es la ética del gangster, bien sea de Chicago de los años veinte y treinta, de la Cosa Nostra de Nueva York en los cuarenta o cincuenta, o mafiosos de Rusia en los noventa. Negocio, beneficio, pasando por encima de todo. Sin normas, sin reglas. Joseph Stiglitz, que no es precisamente un activista antiglobalización, pero sí premio Nobel de Economía, ha denunciado que “tenemos un Gobierno Global en el que un puñado de instituciones (BM, FMI, OMC) y unos pocos ministros económicos, vinculados a intereses financieros y comerciales, controlan el escenario, pero los afectados por sus decisiones no tienen voz”. Habrá que decir, entonces, como los filósofos escolásticos: Niego la mayor. Es decir, la OMC, que no está sujeta a ningún tipo de control ciudadano o parlamentario, no tiene legitimidad alguna para actuar como el gobierno económico del mundo. Y menos para agredir o suprimir los derechos sociales de los ciudadanos. ! El comercio no es el principal valor de la humanidad.

Hay que frenar el AGCS y, como ha escrito Susan George, hay que poner a la OMC en su sitio. Los servicios públicos son un derecho, no un negocio. Los servicios públicos no han de estar sometidos a las leyes de mercado (si es que existen) sino a disposición de los ciudadanos en igualdad social y universalidad.